Recuperar potencial exige escapar del populismo

Sergio Lehmann

Más allá de distinguir entre países cuyas políticas económicas son de inclinación capitalista, liberal o socialista, la clave está más bien en reconocer aquellos que atraen capitales, de aquellos que los ahuyentan. Esta distinción resulta fundamental en el diseño de políticas que permitan avanzar en materia económica y social, entendiendo que los capitales son esenciales para financiar nuevas inversiones, elevar la calidad de la educación, ofrecer más oportunidades y mejorar el bienestar social.

Para lograr ese objetivo es fundamental entregar certidumbres a los inversionistas, ya sean locales o foráneos, y establecer procesos simples y ágiles para la tramitación y desarrollo de nuevos proyectos. Pero aún más importante, debe predominar un clima constructivo, de acercamientos entre diferentes grupos políticos, sociales o culturales, aún frente a diferencias que puedan ser profundas. Ello exige como punto de partida que el marco jurídico sea respetado. De otra forma, la sociedad navega hacia el descontrol, la falta de cohesión y la pérdida de identidad, que finalmente termina debilitando sus bases y capacidad de desarrollo.

Parecía que eso lo teníamos meridianamente claro, pero la evidencia reciente muestra que estábamos errados. Los capitales externos aún ven en Chile un país capaz de corregir el camino del populismo y la mirada miope que a ratos hacemos amagos de tomar. Los capitales de residentes, en cambio, han sido menos benevolentes. Excluyendo la obligación que han tenido las AFP de traer capitales para financiar los retiros de fondos, se advierten salidas importantes gatilladas por el estallido social y la incertidumbre política.

A propósito del debate constitucional que ya hemos iniciado, pero que se intensificará a partir de la elección de constituyentes, me parece importante poner sobre la mesa el rol del Estado, buscando hacer de nuestra economía un polo atractivo para los capitales. En primer término, destaco la definición de un marco que promueva actividades que apunten a un mayor desarrollo, entregando incentivos para la inversión, innovación y provisión de bienes y servicios que eleven el bienestar social. Pero junto con ello, el Estado debe exigir estándares de calidad, cuidado de externalidades y resultados acordes con los compromisos. La colaboración del Estado en este ámbito también es fundamental, a través del suministro de servicios públicos, infraestructura y procedimientos que faciliten el desarrollo de la actividad.

Como segundo punto a destacar, el Estado debe resolver eventuales problemas de coordinación que surgen entre agentes frente a alguna dificultad técnica o que nacen en el uso de recursos públicos. En el desarrollo de alguna actividad vista como un aporte para la economía, como puede ser la extracción minera o el desarrollo de procesos en donde el país disponga de ventajas, el Estado debe estar presto a contribuir y potenciar incentivos para su ejecución.

No perdamos entonces la perspectiva de que la nueva Constitución, que comenzaría a redactarse próximamente, debe concebir correctamente el rol del Estado como un agente más bien coordinador y proveedor de las condiciones que permitan el desarrollo. Debemos ser un país que, como ha sido la tónica de las últimas décadas, atraiga capitales que contribuyan a financiar el crecimiento. Ello exige tomar un camino alejado del populismo y del cálculo facilista, de forma de recuperar el brillo que nos lleve a un mayor bienestar y oportunidades para todos.